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Nota de tapa
Fuerte oposición al inexplicable decreto elaborado por la SecTur

El borrador de la reforma normativa pergeñada por la Secretaría de Turismo fue cuestionado por todos los actores de la actividad. La Faevyt se desmarcó de la criatura y al mismo tiempo se convirtió en el articulador de oficio de las opiniones de todas las entidades (e incluso de los profesionales, a los cuales prometió secundar). En marzo la Federación le presentaría una contra propuesta a la SecTur, que ya dijo que no avanzará hasta entonces.

El proyecto de decreto (algunos ni siquiera le dan ese rango) para modificar la reglamentación de la ley de agentes de viajes se quedó en cuestión de horas sin nadie que lo defienda. Pese a que el humor general del sector es favorable a la actualización normativa de la actividad, el texto elaborado por la Secretaría de Turismo de la Nación (SecTur) -publicado como adelanto la edición pasada por este medio- es tan flojo que logró críticas desde todos los ángulos.

El Consejo de Decanos y Directores de Unidades Académicas de Enseñanza del Turismo (Condet), que representa a 17 universidades nacionales, hizo público su enérgico rechazo a la propuesta de la SecTur de permitir la actuación de no graduados como idóneos. Los Colegios de Profesionales en Turismo hicieron lo propio al calificar como un retroceso de décadas el permitir que con sólo acreditar antigüedad o experiencia en el rubro se habilite a alguien a ejercer como representante técnico de una agencia. Si hasta seis de los siete Colegios existentes se reunieron con la Faevyt y consiguieron el compromiso de la gremial empresaria de apoyar la contra propuesta que los profesionales decidan presentar.

Las redes sociales también explotaron contra el PowerPoint de la SecTur. Por ejemplo, al cierre de esta edición más de 7.500 personas habían firmado la petición virtual a través de la plataforma change.org para que se dé marcha atrás en el proyecto de flexibilización de los requisitos para ser representante técnico de una agencia. La protesta fue impulsada por el Foro de Profesionales en Turismo y busca llegar a los oídos de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, del Legislativo, de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Turista. Por su parte, el Grupo Avaece se manifestó, también a través de las redes sociales, en contra del borrador del decreto, señalando que favorece el trabajo en negro, promueve y facilita las estafas, desprofesionaliza la actividad y perjudica a las pymes. Estos dos grupos presentaron además sendas notas a la SecTur pidiendo que se dé marcha atrás con la iniciativa.

Lo sorprendente es que ni siquiera la Faevyt y sus regionales quisieron verse involucradas con la criatura parida en Suipacha 1111. Primero aclarando diplomáticamente que habían recibido el borrador de manos de la SecTur y lo estaban analizando. Pero cuando empezó a hablarse de una suerte de coautoría intelectual, las gremiales empresarias salieron explícitamente a plantear que nada tenían que ver con el texto. “Desmiento enfáticamente que eso haya estado escrito o avalado por la Faevyt. Un día recibí el proyecto, y sin leer ni una palabra lo llevé a la Federación para empezar a trabajar. Quiero llevar tranquilidad y que sepan que no vamos a avalar nada que no favorezca a las agencias de viajes, y que voy a trabajar y a pelear contra quien sea. Ése es mi compromiso”, dijo el titular de la Federación, Gustavo Hani. En la misma línea, el presidente de la Aviabue, Hernán Gómez, declaró enfáticamente: “Nunca pedimos que se arme ningún tipo de decreto, nunca supimos nada, ni sabemos quién lo armó dentro de la Secretaría. Simplemente, como estoy diciendo, nos lo dieron para que lo analicemos y demos nuestra opinión. Esa es la única verdad”.

 

A REESCRIBIR SE HA DICHO.

Cuáles fueron las intenciones de la SecTur para impulsar motu proprio un borrador con tantos problemas técnicos y políticos, es por ahora un misterio. Y es poco verosímil la pretendida sorpresa que impostan al ver la reacción unánime del sector.  

Lo cierto, es que así como está no es un decreto que pueda llegar a 2019. Y la que puso la pelota bajo el pie es la Faevyt, virtualmente investida en la entidad articuladora de las opiniones de empresarios y profesionales. De hecho, en la reunión del jueves con la SecTur eso fue lo que se acordó. En diálogo con este medio, Hani resumió: “Les dijimos que íbamos a presentar un proyecto diferente porque había algunas cosas que el sector no compartía. Nos dijeron que estaban dispuestos a escuchar y consensuar”.

Lo cierto es que para reformular este proyecto ya están trabajando la Faevyt con sus equipos técnicos, las 28 regionales (cerca de la mitad ya envió su opinión a la Federación), las seis entidades sectoriales y los Colegios Profesionales (específicamente sobre el artículo 8, que flexibiliza Idóneos). “Le dije a la SecTur que el texto no lo íbamos a tener hasta febrero o marzo y nos dijeron que no había problema. O sea, va a salir un proyecto consensuado y bueno”, confió el titular de la Faevyt.

 
La lupa de los abogados

Prácticamente no hay artículo de los 19 que incluye el decreto reglamentario propuesto por la SecTur que no sea observable por parte de quienes entienden de Derecho. Inclusive, hay quienes consideran que su redacción está tan despegada de la técnica legislativa que prefieren llamarlo “prototipo” de proyecto.

Consultamos a tres abogados para que se centraran en el análisis de tres items puntuales del “prototipo” que consideraran potencialmente más nocivos para la actividad.

“Habría que trabajar un poco más para tener una normativa superadora”, consideró Sandra Arcos Valcárcel, asesora legal de la Aviabue y docente en la UBA. Arcos Valcárcel se centró en aquello que se eliminaría si prosperara un borrador como el propuesto por la SecTur, el cual no hay que olvidarse que no sólo deroga el decreto reglamentario 2182, sino también otras siete resoluciones que hoy rigen la actividad. “La verdad es que hay algunas normas del decreto reglamentario actual que no habría que cambiarlas. Por ejemplo, desaparece la que garantiza hasta el 10% de honorario para un agente de viajes cuando le cancelan un viaje. Me parece que ahí tenías garantizado el reconocimiento del trabajo profesional del agente de viajes”, explicó la asesora legal de la Aviabue, quien continuó: “No hay que olvidarse que esta es una ley para el sector empresarial, no para el consumidor que ya tiene sus normas protectorias. Si quitamos este tipo de cosas lo exponemos a una desprotección absoluta, por la cual trabaja y puede no cobrar por ello”.

Mucho más visible, pero como un espejismo en el desierto, es el artículo que exceptúa a la comercialización de pasajes aéreos de la aplicación de la ley de Defensa del Consumidor. Aunque sea celebrado por los empresarios, los que saben un poco de Derecho son conscientes de que no es practicable. “Entiendo que es injusto hacer responsables a las agencias respecto de los incumplimientos de las aerolíneas, pero la manera de repararlo no es ésta. La única forma de establecer una excepción a la ley de Defensa del Consumidor es reformando el propio texto de la norma”, explicó Francisco Costamagna, docente universitario y asesor de la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe, quien añadió que si la ley del “Consumidor Rex” no se puede morigerar a través de otra, mucho menos se puede por decreto.

Consultado frente a las intenciones que pueden haber detrás de incluir un artículo impracticable, Costamagna planteó dos posibilidades: “A mi entender, va a dar lugar a litigio, que creería que es a lo que apuntan. Quieren ir por la construcción jurisprudencial de la excepción para asegurarse un precedente para todos”. La otra vía posible es que “esto que hoy se busca sacar por decreto tome forma de Decreto de Necesidad y Urgencia durante el verano, que sería un camino más idóneo a los fines de construcción jurisprudencial porque tendría el mismo rango”, concluyó Costamagna, quien -de todos modos- advirtió que hay que estar atentos a que en un eventual DNU no se incluya el retroceso de la flexibilización de los requisitos para ser referente técnico en una agencia (“Lo cual sería un retroceso de 30 años”).

Otro punto sensible y que pasó desapercibido para la mayoría es la extraordinaria flexibilización de los requisitos para transferir o vender una agencia de viajes. De hecho, el decreto desvincula a las mismas de la Ley de Transferencia de Fondo de Comercio. “Obviamente, no puede un decreto o una resolución ministerial dejar sin efecto el cumplimiento de una ley”, cuestionó Alberto Parada, titular del estudio jurídico Kelemen & Parada, quien explicó: “La ley de Transferencia surge para evitar que cualquier comerciante ante una situación económica angustiosa pueda enajenar su activo, sustrayendo así a sus acreedores toda garantía”. Saltearse la norma implica la responsabilidad solidaria del comprador, del vendedor y del escribano interviniente.

Una interpretación rigurosa del decreto elaborado por la SecTur podría entender que la desvinculación de la ley de Transferencia de Fondo de Comercio deja vía libre al vaciamiento de empresas, permitiendo que se lleven la marca y los clientes, y sin responder a los acreedores.