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Plataformas online: ¿hacia una mayor desigualdad?

En esta columna, el autor argumenta por qué el Estado debe decir presente en la regulación de las redes y las plataformas digitales para lograr beneficios realmente para todos.

En el inicio de estas líneas, expreso que me encuentro muy distante de aquellos que están en contra de los impactos y desafíos ya generados por las nuevas tecnologías. Estoy preocupado y ocupado en llamar la atención para evitar que, aquellos que tienen la responsabilidad de diseñar y ejecutar las políticas públicas lleguen tarde una vez más, generando que la transformación sea para unos pocos y en modo alguno para todos.

Es decir, deseo formar parte de ese grupo de personas que insistirá para que la política llegue a tiempo para imponer su autoridad al mundo digital, por cuanto, plataformas de redes sociales, datos masivos, tecnología móvil e inteligencia artificial, etc., dominan cada vez más la vida política social y económica de las sociedades con un crecimiento exponencial que parece carecer de límites, responsabilidades y obligaciones. Por alguna razón que no advertimos, a la fecha, el Estado no se ha involucrado en el tema.

 

DEBATES PENDIENTES.

Como muy bien expresa Jamie Bartlett las características de la tecnología digital es: no-geográfica, descentralizada, impulsada por datos, sujeta a los efectos de red y el crecimiento exponencial, mientras la democracia es analógica y no digital. Evitar este debate conceptual potenciará las consecuencias no deseadas de las TICS (tecnologías de la información y la comunicación).

El conocimiento, la información, la segmentación, la determinación de los perfiles humanos y la aplicación de los algoritmos, posibilitan entre otros aspectos emplear el uso de las debilidades psicológicas en rasgos estructurales del consumo de noticias, que las plataformas han explotado para ganar cifras varias veces millonarias sin estar sujetas a normas globales que les demarcaran límites.

Por otra parte, los CEOs de las principales plataformas insisten en afirmar que las mismas son espacios donde circulan contenidos y no un medio donde se publica o se ignora según una línea editorial, pero en la realidad eso solo tiene efectos legales ante la ausencia del Estado. Ser aparentemente neutral es en sí una suerte de decisión editorial. Todo en las redes sociales está editado y en los tiempos actuales más por un algoritmo que por un ser humano. Esos algoritmos son concebidos para proporcionarle a alguien contenido que seguramente va a clickear, ya que eso significa el potencial de vender más publicidad. Se estima que más del 90% de los ingresos de Google y Facebook proviene de la publicidad.

La deslocalización geográfica es otra de las tantas situaciones que gozan las plataformas, circunstancia ésta que les posibilita inducir a la compra o uso de un servicio o a que alguien en particular gane una elección.  La ausencia de límites genera que el impacto de la inteligencia artificial presente dudas acerca del futuro del trabajo, aunque el problema mayor es y será al presente, el aumento de la desigualdad. Los trabajos no rutinarios que exigen intuición, creatividad y pensamiento independiente en situaciones cambiantes no están y parecen que no estarán en la lista de los llamados a desaparecer, en cambio los llamados empleos del medio son los que estarán más en riesgo. El llamado grito “de protección de la privacidad”, en nombre del respeto al dominio individual de los datos propios, está en el límite de debilitar al Estado, y las audiencias públicas a las que fue instado el titular de Facebook en mayo pasado han sido un testimonio concreto de ello.

 

LA MIRADA HOTELERA.

Desde la industria de la hospitalidad se viene trabajando en gran parte del mundo con gran esfuerzo y conocimiento en lograr que, los Estados de una vez ordenen en todas partes a la llamada oferta informal, en lograr que las OTAs dejen de poder actuar sin estar sujetas a normas y obligaciones en todos los aspectos. Sin dudas, este es un gran trabajo que conlleva la legitimidad de la representación, pero la indiferencia de los Estados exigiría debatir si la industria no debe sumarse a una acción superior que logre, de una vez por todas, que las tecnologías digitales se subordinen a los alcances y límites que establezcan los Estados.

Los valores y principios de la democracia y el estado de derecho debieran trascender a la digitalización de la sociedad. Esto hace necesario tener la mente abierta para definir las normas de un nuevo estadio que permita a todos aprovechar sus ventajas. Como suele expresar el actual director del BID-Intal, Gustavo Beliz, ha llegado el momento de impulsar la formulación de un “pacto social tecnológico”.

La situación actual y las consecuencias de sus proyecciones debiera ser un llamado a la cooperación público-privada para lograr que la innovación y la tecnología estén más orientadas a la utilidad, al bienestar, que a la gestación de más poder concentrado (Encíclica Laudatio SI).