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La necesidad de buenas prácticas en materia de alquiler turístico temporario

En esta columna Busquets vuelve alertar sobre la falta de vocación de diálogo de los gobiernos de la región (a diferencia de otras partes del mundo) para buscar soluciones al problema de los alquileres turísticos y su intermediación. El autor propone un dossier de buenas prácticas para asegurar la convivencia de los actores del sector.

El crecimiento exponencial del alquiler de unidades residenciales está adquiriendo una dimensión espectacular producto de una combinación de factores. La enorme cantidad de transacciones financieras fuera de la mira de los gobiernos y el papel de las plataformas como de las OTAS son dos elementos distintivos del fenómeno. Ya es hora de que los gobiernos de América Latina impulsen y pongan en practica un marco legal para ordenar tanto a la oferta como a la intermediación de este negocio, que ha explotado de la mano de las nuevas tecnologías y sus productos diversificados.

Es vital que de una vez los Gobiernos asuman la responsabilidad de sus competencias indelegables, por cuanto el turismo tiene una contribución importante en la creación de empleo, al PIB, a la distribución regional de la riqueza y a la recaudación de los impuestos legítimos y los ingresos provenientes de la seguridad social.

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN.

En los últimos tres años en algunas ciudades de Europa y de Norteamérica se ha logrado una suerte de tentativa de poner en marcha controles reguladores. De algún modo reflejan la naturaleza y la escala de los alquileres turísticos temporarios y su efecto en las comunidades locales y los consumidores, logrando un avance parcial en la fijación de límites a la oferta, pero sin ninguna intervención en la intermediación. Es decir, en gran parte de las urbes sus autoridades aun creen en la precariedad y arcaísmos de sus respectivas legislaciones. No entienden que se trata de un fenómeno integral que exige innovar para regular sin prohibir a nadie, pero estableciendo obligaciones y derechos para todos. No exigencia para algunos y libertad extrema para los nuevos actores, como acontece en el presente. De allí la importancia de la reciente sanción de la norma que puso en marcha el gobierno de Madrid.

 

POR CASA.

Mientras estos avances se producen en Europa y América del norte, es decididamente frustrante que todos los gobiernos de América latina miren esta materia desde la platea. No valoran los perjuicios sobre la calidad y cantidad del empleo sustentable, el impacto negativo en la imagen de los destinos, las consecuencias no deseadas sobre los turistas y la comunidad de vecinos y el esmerilamiento en la rentabilidad de aquellas empresas que cumplen con las normas.

Los decisores de las políticas públicas deberían entender -y actuar en consecuencia- que la transición entre la sociedad industrial y la de la información debería ir acompañada por una evolución que respete -como mínimo- los modelos de regulación. Ello solo lo puede garantizar el Estado.

En este sentido, ante la falta de vocación de diálogo para la búsqueda de soluciones y visto los importantes avances en otras partes del mundo, se propone una suerte de dossier de buenas prácticas. La intención es encontrar un estadío que incluya a todos los actores y determine con claridad las obligaciones y derechos de ellos. Asimismo, que garantice a los clientes el goce de los mismos derechos como consumidores y que el nivel de seguridad y protección del que disfrutan en el alojamiento turístico ajustado a derecho.

La idea es poner a la discusión en cada Estado–Ciudad un dossier de buenas prácticas que ayude a una ecuánime convivencia entre los protagonistas, asegure los derechos de los huéspedes y proteja a la comunidad de vecinos:

1) Incorporar en la legislación como alojamiento turístico al alquiler de alojamientos privados para estadías cortas.

2) Asignar competencias a las unidades políticas menores (municipios, alcaldías, etc.) en la formulación y control de estas actividades.

3) Establecer procesos claros y transparentes para registrarse y obtener permisos.

4) Incorporar este tipo de ofertas en las estadísticas públicas.

5) Velar por el cumplimiento de todos los requisitos y realizar las inspecciones de seguridad y vigilancia.

6) Hacer cumplir a todas las partes con las obligaciones fiscales y de la seguridad social.

7) Constatar la identidad de los huéspedes-clientes e informar de ellos a los organismos competentes.

8) Garantizar los derechos y beneficios de los empleados.

9) Asegurar la calidad de vida de los vecinos.

10) Garantizar la distinción entre propiedad residencial y comercial.

11) Controlar la dispersión geográfica de los pisos y la oferta de habitaciones de uso turístico.

12) Considerar la alternativa de asignar competencias de “control-auditoria” a las asociaciones empresariales de cada ciudad.

13) Exigir a las plataformas y a las agencias online la inserción de los números de registro de la oferta de alquiler turístico temporario en la promoción, difusión y comercialización que efectúan de las mismas.

14) Asegurar el cumplimiento de criterios y normas en materia de seguridad, información y pago de impuestos por parte de la intermediación de la oferta de alquiler turístico temporario, ya sea que esté en manos de agencias online, de las plataformas o de cualquier otra alternativa que pudiese aparecer en un futuro próximo.

 

La creencia en el dialogo como herramienta singular para debatir las diferentes miradas y posiciones existentes en la materia constituyen la esperanza de alcanzar a la brevedad una convocatoria por parte de los gobiernos de la región a la actividad privada para con voluntad política poner en marcha soluciones al tema.

  

“Mientras en Europa y América del norte se producen avance, es decididamente frustrante que todos los gobiernos de América latina miren esta materia desde la platea”